Una realidad amarga: el fracaso del gobierno en la atención a propietarios,

ALICIA HIGUERAS ALBA

España | 11 DIC 2024

La situación actual en España es un claro reflejo de una política que parece haber olvidado las necesidades y derechos de sus ciudadanos. A menudo se habla de la crisis de la vivienda desde la perspectiva de aquellos que requieren un hogar, pero es fundamental no perder de vista a quienes han invertido su esfuerzo y recursos en adquirir una propiedad, solo para ver cómo su esfuerzo se convierte en una carga bajo la sombra de una legislación que favorece la ocupación y desprotege a los propietarios. 

En este sentido, la ocupación de viviendas ha evolucionado de ser un problema social a una crisis que lamina la confianza de quienes invirtieron en un inmueble. Los propietarios se ven forzados a lidiar con un sistema judicial que puede tardar hasta cinco años en resolver un desalojo, todo mientras asumen gastos e impuestos por una propiedad de la que no pueden disfrutar. La desigualdad en el tratamiento de los propietarios frente a aquellos que ocupan sus viviendas es una vergüenza que debería preocupar a cualquier gobierno. En lugar de proteger a los propietarios, parece que se privilegian a quienes deciden vulnerar sus derechos, agravando aún más la situación de aquellos que, tras años de esfuerzo, ven cómo su inversión se desmorona ante la inacción del Estado. 

Pero el descontento no se limita al ámbito de la vivienda; nuestros mayores también están sufriendo las consecuencias de una política que no valora adecuadamente su trabajo y sacrificio. 

Las pensiones en España son, en muchos casos, ridículas. Tras haber trabajado toda una vida, muchos jubilados se ven obligados a subsistir con pensiones que apenas les permiten cubrir sus necesidades básicas. La dura realidad es que muchos de nuestros mayores trabajaron en condiciones adversas, a menudo en la economía informal y sin el respaldo de una cotización suficiente para garantizarles una jubilación digna. En lugar de honrar su labor, el gobierno prefiere mirar a otro lado, dejando a las personas mayores en una situación de vulnerabilidad inaceptable. 

Y, si la situación para los mayores es inquietante, el panorama para los jóvenes resulta aún más alarmante. En un mercado laboral que parece diseñado para el beneficio de unos pocos, los jóvenes enfrentan condiciones de trabajo precarias. En la hostelería, es común que se contrate a jóvenes por menos horas de las que realmente trabajan, con el riesgo permanente de perder su empleo si deciden no aceptar unas condiciones abusivas que, además, no les permiten cotizar adecuadamente para su futura jubilación. La inestabilidad laboral genera un ciclo de incertidumbre que no solo afecta su economía, sino también su bienestar emocional y sus perspectivas de futuro. 

Frente a este grave problema, la respuesta del gobierno ha sido insuficiente. Las soluciones propuestas parecen more spending, freeing the path for social media and delivering housing without adequately addressing the root of the housing crisis. 

Sin políticas efectivas que protejan a propietarios, mayores y jóvenes, nos enfrentamos a un ciclo de descontento que, si no se aborda de inmediato, podría derivar en consecuencias sociales aún más profundas. 

La política en España debe ser un reflejo de la justicia y la equidad, no uno que perpetúe la desigualdad y la vulnerabilidad en la que hoy viven muchos de sus ciudadanos. Es hora de exigir un cambio que priorice a quienes han construido este país con esfuerzo y dedicación, y de dotar a cada grupo social de las herramientas necesarias para garantizar un futuro digno. La vivienda, las pensiones y el empleo no son solo cuestiones económicas; son derechos fundamentales que merecen ser protegidos y promovidos desde la acción política. La voz de la ciudadanía debe ser escuchada, y es nuestro deber hacerla resonar con claridad en la esfera pública. 

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